NO TODO ES COLOR DE ROSA

Trabajar contra reloj. La necesidad de la ayuda familiar. Revendedores y aprovechados. Satisfacciones y sugerencias. Un comienzo que debe perfeccionarse
Por Mariela Pérez Valenzuela y Gilda Fariñas

Los ojos de Isabel Yi Fernández delatan su ascendencia china. Hija de Pomposa Evangelina y Chion Yi Yu, quien viajó a Cuba en 1952, Isabel nació en la otrora tintorería de su padre, la que años después fue registrada como vivienda y en la que reside desde hace más de cuatro décadas.
Al igual que muchas antiguas edificaciones erigidas en la Isla, el paso de los años dejó huellas en su casa, construida en 1910 en la calle Industria, en el Municipio Centro Habana, el más pequeño de los quince que integran la provincia, y a la vez, uno de los más densamente poblados.

En numerosas arterias de la capital subyacen muchas historias de vida, sobre todo de personas que han vivido en un mismo sitio durante décadas y que son testigos del deterioro constructivo de los inmuebles, algunos como el de Isabel Yi, con un siglo o más de existencia, y que por diversas causas no recibieron a tiempo las reparaciones debidas.
A lo largo de este año se aprecia un movimiento constructivo diferente al habitual en el país, sobre todo después de que previa solicitud, varias miles de personas sin solvencia económica fueron subsidiadas por el Estado para construir o rehabilitar sus casas, por el Acuerdo No.7155 del 13 de diciembre de 2011 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.
Isabel Yi, divorciada y ama de casa, es una de los tantas personas que por sus condiciones económicas se dirigió a las Oficina de Trámites de la Dirección Municipal de la Vivienda para solicitar por escrito el subsidio, el cual le fue otorgado para la compra de materiales de construcción y el pago de mano de obra, específicamente para la sustitución de la cubierta por tejas de un cuarto apuntalado, y el revestimiento de las paredes.
De hablar pausado, esta sencilla mujer señala que durante años ha vivido con el temor de que el techo de su habitación pudiera desplomarse y provocarle lesiones graves a ella y a la familia. Y como es lógico, se siente agradecida porque, de no ser así, no hubiera podido resolver el problema.
Isabel Yi siguió al pie de la letra los pasos fijados para la entrega de subsidios: presentación de la solicitud escrita en la Dirección Municipal de la Vivienda y donde estas no existan, en las Unidades Municipales Inversionistas, según la resolución 391/11 del Instituto Nacional de la Vivienda. Luego, y en todos los casos, las direcciones de Trabajo Municipales efectúan un análisis de la situación del solicitante, que consiste en evaluar la situación socioeconómica del núcleo familiar, según establece la Resolución 47/2011 del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
La instancia receptora y tramitadora dispone de 15 días hábiles para preparar el expediente y someterlo a la consideración del Consejo de la Administración Municipal (CAM) del Poder Popular, el que dispone de 30 días para aprobarlo o no.
Aun cuando se siente feliz porque ya compró los materiales de construcción y un pariente le hará las reparaciones pertinentes, Isabel Yi señala que enfrentó algunos tropiezos para la adquisición del cemento (que se vende en CUC, moneda libremente convertible), pues solo podía adquirirlo con el cheque otorgado por el Banco en moneda nacional en dos tiendas en las que el producto faltó casi tres meses. Cuando haya terminado se propone, “a pesar del papeleo”, hacer una nueva solicitud, esta vez para reparar los techos de la sala, la cocina y de otro cuarto, con filtraciones.

Reparos
Insatisfacciones por las dificultades para la transportación de los materiales “por las altas sumas de dinero que demandan quienes se dedican a la transportación”, las noches sin dormir para poder comprar materiales en los lugares habilitados, aun “sin tener la certeza de cuáles van a llegar”, así como la ausencia de piezas hidráulicas en las tiendas de materiales de construcción, la demora en los trámites y en las respuestas de los organismos involucrados, fueron expuestas a estas reporteras por mujeres beneficiadas por el subsidio estatal, residentes ellas en diferentes municipios de la capital, mientras se encontraban en las afueras de esos establecimientos a la espera de poder adquirir los productos que necesitan.
Mientras la mayoría se siente segura con las visitas que reciben de los técnicos de las Unidades Municipales Inversionistas de la Vivienda (UMIV), cuya función es verificar el cumplimiento del acuerdo, otras manifiestan su preocupación por no poder concluir en el término establecido. En la mayoría de los casos, alegan, a causa de la demora en adquirir lo que necesitan, y por la carencia de albañiles no estatales dispuestos a cobrarles el monto del dinero aprobado por el Estado para la mano de obra.
Lo anterior evidencia que algunas personas desconocen que aunque existen plazos para concluir el trabajo constructivo – conservación menor, hasta seis meses, conservación mayor, hasta 12 meses y construcción o rehabilitación, hasta 18 – estos plazos son prorrogables si se justifica debidamente el atraso.

Sin todas las respuestas
Entre la población cubana hay muchas dudas acerca del otorgamiento de subsidios, casi siempre por desconocimiento y malas interpretaciones.
Respuestas hay para la mayoría de estas inquietudes. Los ciudadanos cubanos deben conocer, en primer lugar, que según el Acuerdo No. 7155, en el otorgamiento de subsidio se priorizan a los afectados por catástrofes naturales y los casos sociales calificados de críticos.
Asimismo, que este se concede para resolver un objetivo específico (el problema fundamental habitacional de la vivienda) y luego el mismo propietario del inmueble puede solicitar otro subsidio, siempre y cuando sea para un elemento constructivo diferente.
Es decir, que no puede desviar – por ejemplo– el monto otorgado para arreglar un techo en la compra de un juego sanitario o el resano de paredes, pues cuando se firma el contrato se contraen obligaciones por ambas partes. Si se incumple con la acción suscripta en el plazo fijado sin justificación se puede cancelar el convenio. A su vez, si se gastó el dinero en otro fin, el infractor indemnizará al Estado.
Aunque el programa está bien diseñado y pensado, los interesados no siempre reciben la explicación debida y la respuesta correcta por las autoridades competentes, según percibimos en el diálogo con algunas de esas personas.
A Rosa Marta Martínez, residente en Águila 368, en el municipio de Centro Habana, le aprobaron un monto ascendente a nueve mil 45 pesos, de ellos dos mil 98 pesos con 95 centavos para la mano de obra, es decir, el 30 % de la suma total recibida.
Operada de la rodilla y con osteoporosis diagnosticada, Rosa camina con dificultad con dos bastones. Con gran esfuerzo sube y baja la estrecha escalera de la habitación (barbacoa) que hizo años atrás en su pequeño apartamento construido en 1940. Con satisfacción nos muestra que con ese dinero sustituyó el piso por mosaicos nuevos, colocó azulejos en el baño e instaló un juego sanitario.
Sin embargo, ¿qué sucedió después? Bastones en mano, Rosa, quien recibe una ayuda de la Seguridad Social ascendente a 147 pesos mensuales, se dirigió nuevamente a la Dirección Municipal de la Vivienda para solicitar un nuevo subsidio, esta vez para reparar los techos, y allí le respondieron que era imposible, pues había casos pendientes, también con necesidades, lo que denota que no siempre se trabaja de forma coordinada, incluso en un mismo municipio.
Respecto al reclamo de algunos individuos por la no correspondencia entre el dinero asignado para el pago de mano de obra y las excesivas sumas que piden hoy los cuentapropistas dedicados a esta oficio, hay que estar claro que esta es una ayuda que el Estado le da a las personas y núcleos más necesitados, pero que requiere del apoyo mancomunado de la familia, amigos y vecinos para avanzar, pues el gobierno no puede responder a esta relación de oferta-demanda.

Contra reloj
No hay nada más alentador para quien necesita reparar su casa con urgencia que llegar a la tienda de materiales de la construcción y encontrar allí todo lo que requiere para acometer la obra.
Sin embargo, «los dolores de cabeza empiezan cuando falta lo que buscamos y el administrador dice desconocer cuándo entrará el producto», expresa Ildanina, quien en junio recorrió varias tiendas de la capital en busca de acero y la más esperanzadora de las respuestas fue «debe estar al entrar porque este año no lo han enviado».
Al respecto, Abel Milián, administrador de la tienda de materiales de construcción, situada en la calle Amistad, en Centro Habana, manifestó que hay días fijos de la semana para la entrada de los áridos (arena, polvo de piedra y gravilla), pero no ocurre lo mismo con los bloques, acero, azulejos o losas de piso, que son materiales que habitualmente buscan los subsidiados.
Milián dijo que, según lo establecido, estas personas deben hacer la cola para la compra, pero se les da un tratamiento especial, pues en dependencia de la cantidad de materiales que llegan (áridos fundamentalmente) se regula la venta liberada, facilitándosele así la compra equitativa entre subsidiados y no.
Argumenta que es un mecanismo que han desarrollado sin crear malestar en el resto de la población, pues los áridos se encuentran garantizados, aunque la cantidad de metros que reciben semanalmente es poca. En el caso del subsidiado, «si necesita cuatro metros de arena, le vendemos dos, y le explicamos que el resto lo puede adquirir la semana siguiente», dijo.
Señaló el administrador que hay otros materiales deficitarios que las personas no tienen garantizados, sobre todo con la premura que lo necesitan, y entre ellos citó las tuberías de agua y codos, que nunca llegan para la venta.
Hasta el mes de octubre esta Tienda de la calle Amistad tenía abierto 76 expedientes a personas subsidiadas y de ellas poco más del 90% son mujeres, precisó Milián.
En encuentros con administradores de establecimientos similares ubicados en otros municipios de la capital, este equipo corroboró que las personas que reciben la ayuda estatal son priorizadas entre los compradores, incluso cuando hoy no existe una política establecida para hacerlo. Algunos como el administrador del establecimiento de la calle Águila tienen conocimiento de las necesidades individuales de estos casos y los llaman por teléfono cuando llegan materiales.
Lo anterior significa, explica por su parte Wiliam Soler Suárez, administrador del comercio El Modelo, en el municipio de Playa, que cuando tienen para repartir, por ejemplo, 20 metros de piedra, 10 son para los ciudadanos subsidiados y 10 para el resto de la población que está en la cola y que también necesita materiales para sus obras.
Sin embargo, constatamos que mientras algunos expendios son abastecidos con áridos semanalmente, y según sus administradores sin grandes contratiempos, en el municipio de Playa, por ejemplo, se distribuyen cada 21 días y en ciertos momentos ha faltado algún árido hasta dos meses. Así lo corroboró el administrador de El Modelo, a la vez que lo ratificaron algunas personas que habitualmente compran allí.
Tales diferencias en la distribución de los áridos al parecer está relacionada, según los funcionarios, con la cantidad de espacios de venta existentes en los municipios, de la misma manera que la inexistencia de piezas hidráulicas y la distribución de acero, azulejos y losas de granito, se comporta de manera inestable. No así, coinciden, el suministro de cemento y bloques.
No todo es coser y cantar en esas tiendas tan frecuentadas. Estas periodistas fueron testigos durante un recorrido por varias de ellas, del descontento que existe entre personas subsidiadas y la población necesitada cuando después de días de espera, sentadas en muros, sillas, o debajo de un árbol que en meses de fuerte calor agradecen para protegerse del sol, llegan los áridos, los bloques o el acero y en un abrir y cerrar de ojos aparecen los acaparadores.
No sabemos cómo se las arreglan, dice Marina, pues aun cuando se regula la venta del material (por la poca cantidad que llega) se las agencian para entregar dos y hasta tres carnés de identidad diferentes a quien confecciona la factura, lo que les da el derecho a comprar hasta seis metros del árido, en caso en que se regulen dos metros por persona, y si se autorizan tres metros, compran hasta nueve.
Esto conlleva, manifiesta, que sean muy pocos los que pueden comprar, a veces apenas tres o cuatro de la cola y, con ello, empieza otro ciclo de espera que en el mejor de los casos puede tardar una semana, y en otros hasta 21 días o más, en dependencia de la producción, que generalmente está por debajo de la demanda.
También es incomprensible que los administradores desconozcan si el producto le será situado ese día. Es esta una de las preocupaciones de Ildelisa Guzmán, quien durante cuatro semanas seguidas permaneció desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la tarde en un establecimiento en espera del polvo de piedra, que nunca llegó.

Siempre se llega
Para ver el resultado de tanto esfuerzo –del propio y el del Estado– hay que transitar un largo camino, pero por lo general siempre se llega. Las satisfacciones y alegrías son mayores que las desventuras del proceso. Claro está, este es un programa que apenas comienza y, por ende, en la marcha seguirá perfeccionándose.
Corresponde a las autoridades pertinentes poner freno a los acaparadores, quienes se aprovechan de las necesidades ajenas para cobrar precios excesivos por el traslado de materiales justamente a quienes el Estado ayuda con tanto esfuerzo. No hablamos precisamente de quienes tienen licencia para transporte de carga y trasladan los materiales luego de adquiridos hasta las viviendas de los compradores, cobrando también por encima de lo imaginable, sino de aquellos individuos que a la luz del día y frente a todos hacen uso de los vehículos y gasolina estatales para transportar materiales de construcción, aprovechándose de la desesperación de algunas personas; a quienes en la misma tienda y aprovechando que son mujeres solas, se ofrecen para descargarle los bloques en la puerta de su casa, cobrándole un peso por cada uno, o simplemente por subirle los sacos en el camión que alquiló para llevarse lo que el Estado, con muchos sacrificios, puso en sus manos sin cobrarle un centavo.
Esta es la primera disposición que se toma para subsidiar a las personas que lo requieran, según la política establecida en el Lineamiento 173, que señala: «Eliminar las gratuidades indebidas y los subsidios excesivos, bajo el principio de compensar a las personas necesitadas y no subsidiar productos de manera general». Cumple de igual forma con el Lineamiento 299, que expresa: «Los materiales de la construcción con destino a la conservación, rehabilitación y construcción de viviendas se venderán a precios no subsidiados. En los casos que se requiera, se aplicará el subsidio a las personas, parcial o totalmente, dentro de los límites planificados».

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