MARIELA PEREZ VALENZUELA
Razones tiene para celebrar el pueblo boliviano, que tanto lucha por lograr una salida soberana al mar por un territorio que le fuera usurpado por Chile durante la guerra del Pacifico en 1879, cuando la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya se declaró competente este jueves para analizar la demanda interpuesta en esa instancia hace dos años por la nación devenida mediterránea contra su voluntad.

Si la Corte hubiese decidido ser incompetente para tratar el caso, presentado en abril de 2013 por el gobierno de La Paz, hubiese significado un golpe irreversible para las aspiraciones bolivianas, que durante décadas tratan de alcanzar un acuerdo pacífico con sus vecinos.
Lo que Bolivia busca en realidad en La Haya es que el Estado chileno reconozca el derecho relacionado con las costumbres internacionales que obligan a un Estado a cumplir con sus obligaciones cuando alguno de sus altos dirigentes –como el Presidente, el Canciller o uno de sus ministros- se compromete a cumplir determinadas promesas, ofrecimientos y declaraciones.
Ese es el caso que ocuparía a la CIJ, pues en el año 1975 los presidentes-dictadores de Chile, Augusto Pinochet, y Hugo Bánzer, de Bolivia, firmaron el Acuerdo de Charaña, también conocido como Abrazo de Charaña, reconocido como legítimo aunque incumplido, y Chile estaría obligado a materializarlo en forma de responsabilidad contractual.
El convenio de tales figuras de triste recordación en América Latina contenía una propuesta para evitar que Bolivia continuara siendo una nación mediterránea. El análisis de los generales en forma de canje territorial, entregaba a Bolivia una franja a lo largo de su frontera septentrional con Perú, que colinda con el Océano Pacífico. Pero el gobierno de Lima no aceptó, los acuerdos firmados se engavetaron y los dos países rompieron relaciones de nuevo en 1978.
Si la CIJ acepta la demanda boliviana bajo esos términos, entonces no tendría cabida la contrapartida chilena que impone sea cumplido el Tratado de Paz signado por Bolivia en 1904 como país perdedor de la guerra del Pacífico, en la cual le fueron usurpados 400 kilómetros de costas y otros miles de kilómetros con importantes recursos minerales.
Chile plantea ante la Corte que en La Haya solo se dirimirían diferendos por asuntos ocurridos después de 1948, cuando se constituyó la CIJ. Pero el acuerdo de 1975 entre Chile y Bolivia es absolutamente válido para ser –si así lo estiman los jueces- incluido en la reclamación.
CHILE, BOLIVIA Y LA POSIBILIDAD DEL DIALOGO
Este jueves 24 fue un día de alegría para el pueblo boliviano que esperó durante horas en la Plaza Murillo de La Paz el fallo de la CIJ, y luego se desbordó en celebraciones con cantos y bailes.
Desde el Palacio Quemado, sede del gobierno, el presidente Evo Morales, invitó a la presidenta Michelle Bachelet a un diálogo pacífico, luego de que 14 jueces de La Haya votaran a favor de su país y dos en contra, en una victoria que los dirigentes chilenos no se esperaban.
Ronny Abraham, presidente de la CIJ informó los resultados “en la demanda marítima presentada contra Chile el 24 de abril de 2013 –la cual fue varias veces objetada por Santiago, hasta considerar incompetente a la Corte en el 2014- lo cual queda sin lugar después del acuerdo adoptado en esta fecha.
En su explicación, Abraham reiteró que el dictamen tiene base en el artículo 31 del Pacto de Bogotá, y por tanto, la CIJ atenderá la solicitud boliviana sobre su derecho a una salida al mar por el actual territorio chileno.
Morales convocó de inmediato a su gobierno a emplear la vía del diálogo (al que ya se negó su homóloga Bachelet), para resolver en paz el diferendo marítimo.
En su intervención, el presidente dijo que “hoy es un día inolvidable para los bolivianos”, y destacó que “Somos un país de paz. Somos un Estado de diálogo y convoco al gobierno de Chile a acompañar este proceso mediante el diálogo. La CIJ ya dio un camino a seguir, porque estábamos convencidos de su competencia”.
El mandatario boliviano señaló que “tarde o temprano se haría justicia”, en relación a la solicitud que hizo su país de que “Chile negocie de buena fe” su reclamo marítimo.
Explicó que el fallo de la CIJ da esperanzas a Bolivia y muestra la importancia del diálogo para resolver temas pendientes. En ese sentido, exhortó a la parte chilena a acudir a las conversaciones, en lugar de acudir a organismos internacionales.
Pero en Santiago de Chile la reacción fue diferente, pues nada indica que la presidenta Bachelet ni su Ejecutivo estén dispuestos a sentarse a la mesa de diálogo.
Tras conocerse el fallo en La Haya, la Mandataria indicó que este “no afecta en nada nuestra integridad territorial; en ese sentido, Bolivia no ha ganado nada”.
“Lo único que determinó la Corte, dijo, es que tiene la competencia para ver el fondo del asunto, pero “sin que exista ninguna evaluación respecto a lo que pide Bolivia”.
Chile, dijo, no mantiene temas pendientes con Bolivia y planteó que durante el juicio “dejaremos en evidencia tanto las ambigüedades y contradicciones como la falta de fundamento de la demanda boliviana”
También el canciller Heraldo Muñoz desestimó la posición de la CIJ – en un gesto que los analistas consideran de suma arrogancia- ya que aseguró que “No tuvimos temor y supimos sortear hasta ahora un terremoto 8.4, por qué, se preguntó, vamos a tener temor frente a cualquier circunstancia en que Chile defiende su territorio”.
El Ministro, quien estaba en La Moneda en espera del dictamen, señaló que “en cualquier escenario Chile va a defender su soberanía territorial, eso no está en juego y Chile sabrá defender ahora o más adelante la integridad y la soberanía”.
Ante cualquier decisión posterior que tome la Corte, Muñoz planteó que “Chile saca ventaja, porque primero detuvimos un proceso en marcha, en segundo lugar con nuestros alegatos orales demostramos la incoherencia de los planteamientos bolivianos”.
A pesar de tales pronunciamientos, lo ocurrido este jueves trae un aire esperanzador a los bolivianos, aunque con certeza la parte chilena continuará con sus apelaciones. De cualquier manera, la CIJ si acepta el caso tiene tres años para dar un fallo definitivo sobre lo que muchos consideran un acto de justicia histórica.

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