La situación política en Haití puede considerarse grave ante la violencia que rige en esa pequeña nación caribeña, donde la oposición al Dignatario Michel Martelly exige una solución a las suspensas elecciones presidenciales por supuestos fraudes, a una semana del traspaso de banda, el próximo 7 de este mes.

Millares de haitianos opositores al Mandatario –que solicitó la presencia de la OEA, considerada un brazo del sistema imperial de Estados Unidos- están en la calle desde que se anunció el arribo este último domingo de una llamada misión mediadora de esa organización encabezada por Ronald Sanders, representante de Antigua y Barbuda ante la institución.
Sanders, quien viaja acompañado por funcionarios de la llamada por Cuba “ministerio de colonias”, deberá oficiar una solución al conflicto surgido en octubre del pasado año cuando se efectuó la primera vuelta de las presidenciales, que los ochos partidos de la oposición, conocidos como G-8 calificaron de fraudulentas.
El recuento de votos del 25 de ese mes arrojó la victoria –con pase a balotaje- del candidato oficialista del Partido de Haití Tèt Kale (PHTK), Jovenel Mose, con un 32,76 por ciento del escrutinio, frente al 25,29 por ciento del postulado por el candidato opositor Jude Celestin.
Celestín, del Partido de la Liga Alternativa por el Progreso y Emancipación, rechazó el resultado del escrutinio, que calificó de fraude masivo, sin renunciar a su postulación. A partir de ese momento se desató la violencia y las manifestaciones públicas dirigidas por el G-8.
La situación política comenzó a complicarse para el gobierno de Martelly, pues ante la violencia callejera, el Consejo Electoral Provisional (CEP) primero propuso una segunda vuelta para el 17 de enero, luego para el 24 de ese mes, y finalmente la postergó sin marcar un día específico, aunque mantuvo el 7 de febrero como el de la investidura del nuevo Mandatario.
A este tenso escenario se unió la renuncia del presidente del CEP, Pierre-Louis Opont, quien explicó que “eventos trágicos, más allá de mi voluntad obstaculizaron el proceso electoral y no me permitieron acompañar mi misión hasta su fin”. El CEP está absolutamente desmantelado, pues otros cuatro de sus miembros también dimitieron y uno está acusado de corrupción.
A estas alturas, los partidos opositores exigen comenzar el proceso electoral de cero, luego de la instalación de un gobierno provisional, a lo que se opone el Ejecutivo liderado por Martelly. O sea, a la vista, un peligroso callejón de salida, en el que se agazapa una posible intervención foránea, similar a la ocurrida con el legítimo presidente Jean Bertrand Arístide, obligado a salir del país en una componenda de Estados Unidos con Europa.
Pero instalar un Ejecutivo de transición no es del agrado del agrado de la Casa Blanca, y Martelly está consciente de ello. En una visita del secretario de Estado de ese país, John Kerry, el pasado 9 de agosto –mes de las parlamentarias- dejó claro que Washington “no tiene intención, en cualquier situación, de cooperar con un gobierno de transición”, como si “adivinara” lo que se avecinaba.
Además, ante el ciclo terminado del Congreso Nacional y una situación parecida en los comicios legislativos de agosto último, sin que se lograra la renovación de ese ente, el Mandatario se ha visto obligado a gobernar por decreto, con lo que también ganó enemigos entre los senadores, fundamentalmente.
La eventualidad de una intervención extranjera
Los desacuerdos entre el gobierno y los opositores haitianos trazan la peligrosa línea de una intervención extranjera en la pequeña nación antillana, la más pobre de América Latina y El Caribe, con un 75 por ciento de su población activa desempleada y el 58 por ciento bajo el umbral de pobreza.
Es significativo que este sombrío panorama que los haitianos sobrellevan con extrema dignidad, es propiciado en buena medida por las intervenciones extranjeras a lo largo de su historia, siempre con Estados Unidos a la cabeza, y la desigualdad de la distribución de la renta.
El uno por ciento de los haitianos millonarios obtiene el 90 por ciento del producto interno bruto (pib), de acuerdo con agencias de Naciones Unidas presentes en el país luego del devastador terremoto del 2010, con más de 300 mil muertos e igual número de heridos, muchos discapacitados.
Para Facundo Escobar, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, “lo que sucede en Haití es mucho más que una crisis electoral, pues se trata de las crisis de las estructuras de dominación establecidas allí desde la primera invasión de Estados Unidos entre 1915 y 1934”.
En declaraciones al periódico La Estrella de Panamá, el también antropólogo recordó que a la permanencia de los militares estadounidenses en el segundo país más pobre del mundo, luego de Afganistán, le continuó -permitida por Washington- la dictadura de la familia Duvalier (1957-1968), y de nuevo las intervenciones del Pentágono en 1994, 2004, y 2010, esta última aprovechando el sismo de alta magnitud.
En esa ocasión la Casa Blanca no envió ayuda material sino soldados para presuntamente proteger sus intereses en la parte de La Española que Haití (nombre dado por los indígenas araucanos que allí vivían) comparte con Santo Domingo.
Para el experto, la constante dominación foránea, la economía tutelada por las políticas neoliberales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial “han desmembrado la economía local a partir de 1904”.
De ahí que la presencia ahora de la OEA resulte el aviso de una posible intervención militar del gobierno de Barak Obama, que traería consecuencias aún más nefastas al pueblo haitiano.
Si esta semana el gobierno y la oposición continúan en sus antagónicas posiciones y no se sientan a dialogar, la nación antillana caerá en un vacío institucional y ello servirá de pretexto para la injerencia foránea.
A menos de una semana de concluir su mandato, los seguidores de Martelly insisten en que él podría continuar hasta mayo próximo, cuando oficialmente se cumplen sus cuatro años de mandato. Pero los opositores se oponen a esa eventual solución.
Ante la posibilidad de que la situación se agrave aún más, a petición del canciller haitiano, Lener Renauld, a la recién celebrada IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) en Quito, esa organización de concertación política enviará una Comisión de cuatro cancilleres para analizar en el terreno la problemática haitiana.
La misión estará conformada por los titulares del Exterior de Ecuador, Costa Rica, República Dominicana y Bahamas y, si el gobierno lo solicita, colaborar en la solución de la grave crisis política y social de la empobrecida nación de casi 11 millones de personas residentes en 27,750 3 km², la mayoría ocupada por montañas.
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