Cristina Fernández podría dirigir instituto político en el futuro próximo
Mariela Pérez Valenzuela
En medio de un tenso escenario político en su país, la ex presidenta de Argentina Cristina Fernández podría reaparecer en un futuro próximo al frente de un Instituto político con proyección internacional en Buenos Aires, de acuerdo con medios de prensa locales que citan a fuentes cercanas a la ex mandataria.
Aunque Fernández no ha confirmado estos planes, fuentes periodísticas destacan que el diseño del Instituto, pensado como un espacio para el análisis y el debate político y económico, con énfasis en América Latina, está a cargo de Carlos Zannini, ex secretario de Legal y Técnica, y Oscar Parrilla, ex secretario general de la Presidencia y ex jefe de la Secretaría de Inteligencia.
A su vez, señalan que la fundación de ese órgano será esencial para la aspiración de Fernández (quien gobernó durante los dos últimos mandatos de manera consecutiva hasta diciembre de 2015) y sus seguidores de dar continuidad al pensamiento kirchnerista, creado junto a esposo, el ex mandatario Néstor Kirchner.
El diario El Cronista precisó que el Instituto tendrá “una suerte de comité, con unos 10 referentes temáticos en economía, derechos humanos y obras públicas, entre otras áreas”, al tiempo que adelantó que la ex ministra Teresa Parodi formará parte del equipo, como representante de la cultura.
Analistas coinciden en que esta posible reaparición de Fernández en el escenario político, a menos de cuatro meses de dejar la presidencia, está estrechamente relacionada con la forma de gobierno que impulsa el mandatario Mauricio Macri, de la coalición derechista Cambiemos, quien ganó la Casa Rosada por solo tres puntos de diferencia con el candidato del oficialista Frente para la Victoria (FpV), Daniel Scioli, en la segunda vuelta de los comicios presidenciales.
Las políticas neoliberales planteadas por el millonario empresario, ex gobernador de la ciudad Autónoma de Buenos Aires y aliado de las figuras ultraconservadoras de América Latina y Europa, han ocasionado más de 21 mil despidos de trabajadores estatales en toda Argentina en menos de tres meses de gobierno.
A su vez, su decisión de gobernar por decreto de espalda al Congreso, precipitan el regreso de la ex mandataria, según expertos.
En uso de sus facultades, el mandatario arremetió contra una de las legislaciones más importantes de la presidenta Fernández, la Ley de Medios, dirigida a quebrar el monopolio mediático dirigido por el grupo Clarín, que le hizo la guerra durante sus ocho años al frente del Ejecutivo.
Para analistas, con el cierre e intervención de organismos estatales, la privatización de entidades nacionalizadas por el binomio Néstor Kirchner y Cristina Fernández, la modificación de leyes que perjudican a la mayoría, la ola de despidos y el anuncio de la criminalización de la protesta social, entre otras medidas, Macri pretende dar un viraje total a la política trazada por el matrimonio presidencial, orientados a corregir la dañada situación de ese país a fines de la década de los 90 cuando se encontraba en la ruina económica.
Su decisión de liberar el sistema cambiario provocó que en las 48 horas posteriores a esa medida el peso argentino, la moneda nacional, sufriera una devaluación de casi un 50%, ya que no había un regulador del cambio, de acuerdo con medios de prensa.
También el ejecutivo decidió que retomará negociaciones con los llamados fondos buitres (acreedores internacionales de Argentina que son poseedores de bonos y títulos públicos), para pagarle la deuda referencial cuya negociación fue ganada por el equipo económico de Fernández.
Las arbitrarias decisiones del gobernante han conllevado a un masivo descontento popular. Este miércoles la Asociación de Trabajadores del Estado inició el primer paro nacional de un gremio contra la gestión de Macri, por los más de 21 mil despidos de trabajadores estatales, con una movilización que se extenderá desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo, publicó Página 12.
En declaraciones a radio Continental, el titular del gremio, Hugo Godoy, denunció la situación de “precariedad” de 95 mil trabajadores del Estado y dijo que “no se puede aceptar que una situación tan injusta se sostenga”.
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