Peligro en Honduras para activistas sociales

Publicada Julio 16, 2016 in Mujeres, Politica

MARIELA PEREZ VALENZUELA

El reciente asesinato de la defensora del medio ambiente y luchadora contra las trasnacionales extranjeras Lesbia Yaneth Urquía conmovió a Honduras, luego de la muerte violenta de su compañera de batalla Berta Cáceres hace apenas cuatro meses, sin que las autoridades hasta ahora hayan esclarecido esas violentas acciones.

El cadáver de Urquía, de 49 años, casada y con dos hijos, apareció en un basurero del municipio de Marcala, en el departamento de La Paz, fronterizo con El Salvador, por donde se supone entraron sus asesinos, que le rajaron la cabeza de un machetazo. La desesperación de su familia ante la ausencia, pues había salido a ejercitarse en bicicleta, alertó una búsqueda de los vecinos.
Propietaria de un pequeño comercio informal, era muy conocida por la defensa de la Naturaleza y el medio ambiente, y se oponía a la construcción de hidroeléctricas en su zona de residencia, en detrimento de los ríos, lagos y bosques de que se sirven, para su supervivencia, los pueblos indígenas de Honduras, el tercer país más pobre de América Latina
Reportes de prensa, entre ellas Telesur, recuerdan que la occisa fue una opositora al golpe de estado contra el presidente constitucional Manuel Zelaya, hace seis años. A partir de entonces la persecución y asesinato de los activistas sociales y medioambientales se acrecentó en la nación centroamericana, debido a la entrega de territorios ocupados por los pueblos autóctonos a trasnacionales de la construcción de hidroeléctricas de Estados Unidos y Europa, especialmente.
El asesinato de Urquía ocurre días antes de que una organización internacional estableciera una consulta con los líderes comunitarios en La Paz sobre los efectos nocivos de la represa hidroeléctrica Aurora I, del municipio San José, en la cual está involucrada, según medios hondureños, la presidenta del oficialista Partido Nacional y vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López.
Para el Instituto Médico Forense, las lesiones infringidas a la activista indican una violencia pocas veces vista contra una mujer, por lo que hay la certeza de que fue un homicidio político, presuntamente ordenado por los interesados en eliminar a quienes se oponen a los planes neoliberales del gobierno nacional.
Los defensores del medio ambiente en Honduras, en su mayoría miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), a la que pertenecían las activistas ultimadas, tratan de preservar los lugares que constituyen fuente de vida para los indígenas. De llevarse a vías de hecho las hidroeléctricas se dictaría una condena a muerte a miles de personas residentes en las zonas prefijadas por los consorcios.
En un comunicado, la dirección del Copinh afirmó que el gobierno derechista de Juan Orlando Hernández, es el culpable del asesinato de Urquía, el cual levantó la ira de la población de La Paz y de otros departamentos de Honduras donde el hampa y los pistoleros actúan con absoluta impunidad.
El Consejo precisó que la víctima “fue una ferviente defensora de los derechos de las comunidades y opositora de las concesiones a empresas foráneas privatizadoras de los ríos”.
Para economistas, el gobierno de Hernández vende los recursos naturales –los bosques cubren casi la mitad del territorio nacional- para tratar de equilibrar una economía quebrada y endeudada, sin importarle el destino de los sectores más vulnerables.
El 65 % de la población hondureña, estimada en 8,6 millones de personas, son pobres, lo que coloca a ese país en el tercer lugar entre los más pobres de América Latina.
Los bosques que este país son interés de las trasnacionales, que cometen delitos y crímenes para eliminar la oposición a la apropiación de las riquezas naturales. Para analistas, la posición de los consorcios extranjeros aumentará en poco tiempo el alto nivel de pobreza imperante.
Economistas indican que el oficialismo está entregando los recursos naturales a las grandes compañías para tratar de salir a flote, sacrificando con ellos a las comunidades minoritarias.
Entre 2202 y 2015 resultaron asesinados en Honduras 111 activistas sociales, de ellos 80 en los tres últimos años en la zona de Bajo Aguán, según afirmó un estudio de la organización no gubernamental Testigo Global, con sede en Londres.

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