Corrupción crea crisis política en Brasil

Publicada Abril 20, 2017 in Politica

Mariela Pérez Valenzuela

La atención de la opinión pública mundial está puesta sobre Brasil a partir de la publicación de una relación el pasado miércoles de 98 políticos de alto nivel presuntamente involucrados en el escándalo de la constructora Odebrecht, a partir de que sus directivos en prisión delataran ante la Justicia a sus beneficiados cómplices en los poderes Ejecutivo y Legislativo.

 

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No es el primero ni será el último caso de políticos corruptos, ya comprobados, en un país “vendido” en el exterior por la seducción de sus mujeres, su música, el fútbol y otros atractivos turísticos que impedían ver el trasfondo de pobreza, desempleo, narcotráfico y la sangría al Estado por quienes fueron electos para gobernar de manera decente y están registrados, cuando menos, en una lista de posibles ladrones.

Ahora con Michel Temer en la presidencia, con un mínimo de aprobación popular y paladín del neoliberalismo tras derrocar de manera ilegítima a su antecesora Dilma Rosseuff, Brasil mostró, no por primera vez, pero sí de forma contundente, el papel que juega el dinero en la política nacional.

La revelación de los nombres de los presuntos implicados fue brindada por el periódico Estado de Sao Paulo, a partir de una relación de figuras de renombre, entre ellos ocho ministros del régimen de Temer, tres gobernadores, 39 diputados, y cinco ex mandatarios que representan 17 partidos. Del grupo, solo el expresidente Luiz Inacio da Silva, hasta ahora, negó los cargos y dijo que si podían probarle alguna relación con Odebretch, dejaba la política.

Aunque no significa una acusación ni una condena, el ministro del Supremo Tribunal de Justicia Edson Fachín pidió la investigación de los relacionados a las autoridades competentes para tener resultados tangibles en los próximos 30 días.

La situación se presenta cuando Temer y su gabinete luchan para que el Congreso Nacional –un tercio de sus miembros complicados en el caso Lavajato de sobornos en la estatal Petrobras y sus relaciones con Odebrecht-tratan de que sea aprobada las reformas a la jubilación y al mercado laboral.

Mientras algunos medios de comunicación brasileños señalan que el Congreso apurará las discusiones sobre estas antipopulares medidas, otros refieren que ante la estampida de los diputados y senadores, luego de publicarse la llamada Lista de Fanchín, es muy improbable retornar a la normalidad en esos lares.

El pasado mes, miles de personas se movilizaron en las principales ciudades de  la nación suramericana para protestar por las reformas neoliberales, que agudizarán la situación de desempleo de más de 30 millones de personas, y de un 46% de la población de 200 millones de habitantes que viven en pobreza.

Durante su año de gobierno, entre otras disposiciones de igual carácter, Temer congeló por 20 años los gastos sociales en el presupuesto nacional, tercerizó el empleo y obstaculizó la demarcación de tierras indígenas y de los pueblos originarios e incluso propuso la venta de una parte de la estatal Petrobras, considerada la “niña linda” de la economía nacional.

La divulgación de la lista de posibles corruptos ocurre en un año preelectoral y afecta a 17 partidos, entre ellos los grandes -el Partido de los Trabajadores (PT), el de la Social Democracia Brasileña (PSDB) y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PNTB) de Temer-, por lo que, según observadores, el escándalo puede revertirse a favor de organizaciones de izquierda hasta ahora siempre aplastadas por el dinero que manejan en sus campañas las élites políticas.

Casi todos los eventuales involucrados y delatados por Marcelo Odebrecht, que cumple 19 años de prisión en el estado de Curitiba, al igual que otros 77 ejecutivos de su empresa, están relacionados con casos de soborno de entrega de dinero para pagar sus campañas electorales a cambio de favores posteriores cuando ganen los cargos.

Odebrecht, cuya red de corrupción afecta a políticos de 12 naciones, afirmó que en Brasil la gran mayoría de los dirigentes, sean municipales, estaduales o del Ejecutivo o el Congreso Nacional en algún momento recibieron dinero de empresas trasnacionales. Acabar con la corrupción en un país con las características de Brasil es tarea de líderes que no pertenezcan a la élite actual, o la de décadas anteriores, pues después de la caída de la dictadura militar en su última fase (1985) se entronizó aún más la corrupción en la esfera política.

Los próximos días revisten singular importancia para el gigante suramericano pues el régimen derechista –el que con tan baja moral y prestigio forma parte declarada de los enemigos de la Revolución Bolivariana de Venezuela- debe definir si mantiene en pauta la agenda neoliberal que le exigen los grandes capitales.

O si la detiene no porque Temer esté a favor de su paralización, pues tiene un enorme compromiso con los que derrotaron a Rousseff y lo colocaron en su lugar, sino porque carezca de quórum en el Congreso, o porque las organizaciones sindicales, estudiantiles y campesinas le den nuevas batallas en la calle que le hagan cambiar de opinión, al menos por el momento.

Las grandes centrales sindicales realizaron gigantescas movilizaciones el pasado mes para protestar por las reformas e indicaron que el próximo día 28 retornarán a los escenarios de calle para continuar su rechazo a las prácticas neoliberales del conservador Mandatario.

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