Plebiscito en Puerto Rico

Publicada Mayo 9, 2017 in Politica

Mariela Pérez Valenzuela

El próximo 11 de junio la población de Puerto Rico, también llamada la Isla del Encanto, participará en el quinto plebiscito organizado para determinar su estatuto político con respecto a Estados Unidos, país del cual forma parte como Estado Libre Asociado (ELA).

 

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Ricardo “Ricky” Roselló, gobernador de la colonia estadounidense en el Caribe, anunció la consulta en la que no aparecerá la abreviatura ELA, que ya no será, dijo, una opción para los votantes.
Roselló, un cirujano nacido en 1979, llamó al plebiscito cinco meses después de asumir el cargo, en medio de una de las peores crisis económicas de ese territorio caribeño y en el entorno de las protestas estudiantiles que mantienen cerradas desde hace casi dos meses la Universidad Nacional.
Hijo del exgobernador Pedro Rosello, el joven dirigente rubricó la Ley para la Descolonización inmediata de Puerto Rico, que, en principio, brinda una falsa imagen de lo que realmente esconde la consulta.
La boleta en que votarán los boricuas tienes tres alternativas: la estatidad y la independencia/libre asociación. No aparece, como en las cuatro ocasiones anteriores la posibilidad de continuar como Estado Libre Asociado, a cuyo favor se pronunció la población habituada a vivir desde 1952 bajo el sistema político estadounidense.
La mayor parte de la población, educada en conceptos americanistas, teme, según analistas, salir de la dependencia en que el país está sumido, pues carece de una base económica propia, y prefieren, a pesar de sus nulos derechos a pesar de su condición de ELA, seguir bajo la sombrilla protectora de Washington.
Para el gobernador, que no oculta sus deseos de integrarse como Estado pleno a la Unión, indicó que “el portaestandarte de la democracia no puede negarle a 3,5 millones de personas sus aspiraciones democráticas”, que en su referencia indica pasar a formar parte de Estados Unidos.
Roselló confirmó que  si eso ocurre, dijo, exigiremos en Washington que se encamine un proceso de descolonización, para incorporarnos de manera definitiva a Estados Unidos, que históricamente considera a los puertorriqueños ciudadanos de segunda clase.
En Puerto Rico viven unas cuatro millones de personas, e igual número se encuentra en calidad de emigrantes en territorio norteamericano,  a donde viajan para tratar de mejorar sus condiciones económicas para ayudar a sus familias.
Desde su óptica de servilismo, Roselló precisó que la isla “debe integrarse a la Unión como otro estado federal con todos su derechos y ser participante de los asuntos políticos de Estados Unidos. Es un derecho civil que todo hijo de esta tierra pueda votar por el presidente y sus representantes en el Congreso”.
En caso de que gane la segunda alternativa de asociación/independencia, habrá una segunda vuelta a las urnas el próximo 8 de octubre.
Mientras, varios partidos que defienden la separación de la ínsula de la Metrópoli estadounidense lanzaron la campaña “Ahora sí… ganamos con la soberanía” destinada a recuperar la libertad y la independencia de la pequeña isla.
Los Partidos Independentista Puertorriqueño y el Democrático Popular, el Movimiento Unión Soberanista y el Independentista Nacional Hostosiano, y la Coalición Ecuménica e Interreligiosa suscriben el llamamiento a la ciudadanía.
La convocatoria al plebiscito ocurre en medio de una de las peores crisis económicas del pequeño país que se declaró en bancarrota el pasado día 3, al resultarle impagable la deuda de 73 mil millones de dólares en bonos contraída con sus acreedores estadounidenses y 50 mil millones en obligaciones de pensiones no financiadas.
Puerto Rico no tiene derecho, por su estatuto político, a exigir la ayuda de la Unión como regularmente hacen los Estados de la Unión. También sus ciudadanos carecen de los derechos existentes en la Metrópoli, no pueden votar por el presidente ni por el Congreso Nacional.
Para tratar de evitar el cierre del gobierno, Roselló trasladó la situación del país a un tribunal federal de quiebras, amparado por el título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico, conocida como Ley Promesa, firmada por el expresidente Barak Obama el pasado año.
Este mecanismo permite la reestructuración de la deuda pública bajo la mirada de una Junta nombrada por el Congreso norteamericano y que estará en funciones hasta que el ELA no tenga déficits fiscal durante un cuatrienio consecutivo.
Esta opción, que va en contra de los puertorriqueños, aunque impide a los acreedores acudir a los tribunales para reclamar el pago de la deuda, se revierte en la adopción de una serie de recortes presupuestarios contra importantes sectores sociales, como la educación.
Expertos consideran que la Junta no tiene en cuenta el posible crecimiento de la economía local, la cual está lastrada por el plan de austeridad, la reforma de la legislación y el reajuste de las prioridades de desarrollo.
Aunque Obama trató de poner lo que llaman en Boriquen una curita en el sombrío panorama económico insular, el actual presidente Donald Trump calificó de “triste” la ayuda que el Partido Demócrata intentó brindarle a su colonia caribeña, que, en su opinión, es pagado por los contribuyentes de Estados Unidos.
El economista boricua Gustavo Vélez escribió con sorna en su artículo “Por qué Donald Trump no nos quiere”, que “en ningún lugar de los poderes políticos de nuestro gran protector hay gente diseñando política pública coherente hacia la isla. Así las cosas, en 140 caracteres el presidente más impredecible que ha tenido Estados Unidos dejó saber que Puerto Rico no está ni remotamente dentro de sus prioridades”.
Mientras, la administración colonial anunció la semana pasada el cierre de 184 escuelas que perjudica a 27mil alumnos, y es el mayor de la historia local.
Para profesores, los dirigentes del Ministerio de Educación no tuvieron en cuenta los problemas de transporte y de hacinamiento en que se verán envueltos los alumnos sacados de sus tradicionales centros de estudio.
La Universidad de Puerto Rico (UPR) es, en estos momentos, uno de los focos de protesta por las decisiones de la Junta que cortó el presupuesto de esa casa de altos estudios.
Desde hace más de un mes, los alumnos de la UPR se declararon en huelga por tiempo indefinido hasta que el gobierno suspenda los recortes económicos de entre 450 y 512 millones de dólares anuales.

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