No es solo dejar atrás las armas

Publicada Junio 27, 2017 in Politica

Mariela Pérez Valenzuela

Tal como estaba previsto, el pasado día 27 se celebró oficialmente la dejación del ciento por ciento de las armas en poder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo, uno de los puntos importantes del Acuerdo de Paz  firmado con el gobierno en 2016.

 

 

                                                                                  Foto Reuters
El acto de cierre de esta etapa del proceso de paz –primero fue el abandono de los campamentos hacia zonas de transición- tuvo lugar en La Meseta, en el departamento de Meta, con la presencia del derechista presidente Juan Manuel Santos y el líder guerrillero Timoleón Jiménez, entre otras personalidades.
Mientras, en Quito, capital de Ecuador, el Ejército Revolucionario del Pueblo (ELP), segunda fuerza insurgente en la nación suramericana, analiza con delegados del gobierno bogotano la firma de su acuerdo de pacificación, con lo cual quedarían, al menos en el papel, 56 años de confrontación armada.
El saldo es caro: más de 200 mil personas fallecidas, una cifra cercana de heridos y mutilados, y más de seis millones obligadas a emigrar de sus áreas de residencia huyendo de la guerra iniciada por dirigentes y activistas revolucionarios para cambiar un sistema capitalista de explotación.
Sin embargo, no hay muchos colores rosa en este proceso, complejo desde su nacimiento, pero que encuentra trabas de diverso tipo en su implementación.
Organizaciones políticas, como Unión Patriótica, la Misión de la ONU que recopiló las armas para convertirlas en tres grandes monumentos, y analistas en el tema Colombia denuncian que los más de siete mil mujeres y hombres de las FARC-EP, y más adelante del ELN, están expuestos a la violencia de una derecha extrema que creó y protege a las fuerzas paramilitares existentes en esa nación desde su creación por el extremista de derecha, el expresidente Álvaro Uribe.
Una situación inaudita ocurrió cuando las guerrillas dejaban atrás sus campamentos y de inmediato eran ocupados por fuerzas paramilitares, integradas por grupos mafiosos, ex soldados, mercenarios y asesinos a sueldo, una calaña que prolifera en la sociedad colombiana.
Lo grave de la situación es que el gobierno de Santos, a quien unilateralmente le concedieron en Estocolmo el Premio Nobel de la Paz, cuando debió ser compartido con las FARC-EP, no mueve un dedo para aniquilar el paramilitarismo y desoye las continuas reclamaciones de las agrupaciones.
Este es un problema grave. Hace pocos días, un conocido líder guerrillero fue ultimado por esa fuerza ilegal en el Valle del Cauca, mientras este año más de 70 activistas políticos y sociales también fueron asesinados. Es decir, los paramilitares actúan de manera impune sin que, al menos en apariencia, le interese tomar cartas en el asunto.
Hace pocos días, enemigos de la paz también realizaron un atentado en un baño del exclusivo Centro comercial Andino, adonde acude la alta burguesía bogotana, con saldo de tres mujeres jóvenes muertas y varios heridos graves.
Las dos grandes organizaciones guerrilleras negaron cualquier vínculo con el hecho, por lo que politólogos consideran que se trata de una acción de la derecha para instigar al miedo de la población contra esas fuerzas que, como se viene demostrando, han quedado sin protección estatal para sus vidas, identificados y desarmados, con la promesa de que puedan participar en la política, de cara a las elecciones del 2018.
Esos comicios, si gana la derecha negada a la paz, puede ser el tiro de gracia para el Acuerdo de paz actual y el que se suscriba con el ELN, pues hay certeza en medios políticos de que aunque no los deroguen, jamás serán respetados por un gobierno que, como el actual, responde a intereses foráneos y no nacionales.
Santos dejará el Palacio de Nariño con el histórico mérito de luego de seis años de negociaciones firmar la paz con los guerrilleros, pero no deja ni a sus sucesores ni a los poderes estatales listos para dar cobertura a los múltiples problemas a resolver en los próximos años.
Colombia es un hervidero social. Son 45 millones de ciudadanos en la práctica polarizados entre quienes desean la paz y los que la niegan, pues, si se implementan los acuerdos, los terratenientes perderían – por citar un ejemplo- sus miles de caballerías, la mayoría improductivas.
Santos conoce que si no se resuelven los problemas sociales en el país, por mucho que se trate de influir para mantener la paz, nunca habrá tranquilidad en Colombia.
Con el Acuerdo de Paz en marcha, el Presidente, que goza de baja popularidad entre los ciudadanos, enfrenta ahora las protestas masivas del sector magisterial, que se mantiene en la calle desde hace varias semanas.
También hubo paros cívicos en el Chocó Negro y en Buenaventura, con masiva adhesión popular, reprobaciones al gobierno por parte de los cocaleros, los camioneros, los sindicatos, los estudiantes. Es decir, que la paz se hará con las guerrillas, pero difícilmente con la sociedad pobre de Colombia.
Hay señales también de que Santos intentará dejar una nación en manos de grandes inversionistas foráneos en especial en la minería, lo que dejaría a unos 13 millones de campesinos en mayor pobreza.  Es público el proteccionismo que brinda a los grandes capitales nacionales y foráneos.
En la actualidad hay ocho millones 586 mil personas pobres en la rica nación andina –según datos oficiales del gobierno- mientras otro 8,5% de la ciudadanía viven en extrema pobreza.
Si el próximo gobierno colombiano no cumple con las estipulaciones de ofrecer una mejor calidad de vida a los sectores más vulnerables del país, la paz se volverá, como muchos piensan, en una utopía.
Algunos analistas consideran que la presidencia será ocupada por uno de los candidatos impulsados por Uribe, uno de los mayores defensores de la guerra, y que actuó con una enorme fuerza represiva durante sus dos mandatos, en uno de los cuales Santos ocupó el Ministerio de Defensa.
Nada indica que cambiará la mentalidad de los políticos más poderosos de Colombia, ni aun cuando, si se cumple, los guerrilleros accedan a la posibilidad de ocupar cargos políticos. El neoliberalismo continuará, tal como Santos acordó en su visita a Washington con Donald Trump. Seguirá la alineación del eventual próximo gobierno con Estados Unidos, ambos unidos ahora contra el proceso bolivariano en Venezuela. Es decir, que quizás lo que se festejó en La Meseta sea una acción después sin sentido para el futuro de este país.

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